06-08-2013

Adjudican una fábrica de SIAM sin subasta

La legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó una ley de expropiación sobre la fábrica SIAM en favor de un grupo empresarial privado, revocando la ley anterior que cedía el predio a la cooperativa organizada por sus empleados. La deformación de una ley hecha para defender el trabajo y la comunidad, en beneficio de grandes capitales.

La emblemática fábrica de heladeras SIAM –antes de Electrodomésticos Aurora SA- vuelve a ponerse en marcha este año bajo la administración de la empresa Pilisar SA, del Grupo Newsan, que ya comercializa en el país las marcas Atma, Siam, JVC, Pioneer, Nintendo, Microlab y Braun.

Con promesas de grandes inversiones y nuevos puestos de trabajo, Pilisar SA obtuvo la adjudicación de la fábrica de heladeras de Avellaneda, mediante un proceso irregular de expropiación. Hasta entonces, SIAM estaba en manos de los trabajadores desde hacía más de ocho años, organizados en la Cooperativa de Trabajo Industrial Argentina Metalúrgica Julián Moreno Ltda (CIAM).

En el año 2005, la Ley provincial n° 13.337 declaró la empresa de utilidad pública, sujeta a expropiación por la cooperativa formada por sus empleados, luego de que la sociedad propietaria, Electrodomésticos Aurora SA, entrara en proceso de quiebra.

Pero la expropiación no se hizo efectiva porque la Provincia de Buenos Aires nunca dispuso la partida presupuestaria requerida para indemnizar al sujeto expropiado. Mientras tanto la fábrica continuaba funcionando por el trabajo de sus empleados.

En este contexto fue que apareció el Grupo Newsan. Los empresarios titulares de Pilisar SA se comprometieron a afrontar todos los pagos que el gobierno no había realizado y que la cooperativa no podía enfrentar.

La acción aparentemente loable de la empresa en rescate de la marca nacional, esconde una maniobra estratégica para evadir el proceso de venta pública y apropiarse de los activos que poseían los trabajadores, deformando el sentido de las leyes de expropiación, explicó a MyT un experto en el tema. De este modo la empresa se valdría de los beneficios de venta directa que la ley concursal prevé únicamente para el caso de las cooperativas de trabajadores. Utilizar un procedimiento excepcional creado para sostener los valores del trabajo cooperativo y la situación de vulnerabilidad de los trabajadores, en beneficio de grandes capitales para que eludan los trámites de subasta pública insoslayables en los procedimientos de quiebra, es considerado un liso y llano fraude a la ley de quiebras. Y un éxito del lobby empresarial ante la legislatura.

La ley que validó este procedimiento fue la Ley provincial n° 14.504, aprobada en base a un convenio suscripto entre la cooperativa y Pilisar, donde la primera cedía su derecho de expropiación a la segunda, transformando los bienes que habían sido declarados de utilidad pública en una utilidad privada, y dejando a los trabajadores en una posición desventajosa. [ver ley]

Así, los inmuebles, maquinarias, instalaciones y la marca fueron adjudicados en su totalidad  PIlisar, que a cambio, habría de garantizar a la cooperativa un sector de la fábrica “apto y suficiente para el desarrollo de las actividades industriales de ésta”. La empresa, según el artículo 3 del acuerdo, se compromete a que la cooperativa sea proveedora de partes y que pueda seguir produciendo sus propios artículos en este sector de la fábrica no especificado.

En el caso de disolución de la cooperativa, la empresa deberá contratar a los trabajadores, pero en la categoría más baja de la escala salarial de los metalúrgicos. Y si se llegan a vender los bienes expropiados, cobrarán apenas un 15% del valor fiscal del terreno, dice el documento firmado por las partes.

Hecha la ley...

Los primeros dos artículos de la mencionada ley de expropiación constituyen una contradicción legal insólita. El primer artículo declara la fábrica y sus accesorios bienes de utilidad pública, es decir, bienes al beneficio de la comunidad. Pero el segundo artículo adjudica esos bienes a una empresa de capitales privados, que forma parte de un grupo empresarial millonario “para su propia producción industrial”.

El procedimiento viola la Ley de Concursos y Quiebras, que en su última reforma incluyó explícitamente el supuesto de venta directa para beneficio único de las cooperativas de trabajadores.

Según la norma, aquella empresa privada que quiera comprar la fábrica debe someterse a un proceso de venta pública, o subasta, lo cual exige a los interesados presentar ofertas competitivas para obtener la adjudicación de los bienes.

¿Un negocio para pocos?

El convenio impulsado por el Grupo Newsan  y el Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Breitenstein tuvo como colaborador principal desde la cooperativa al dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Juan Alberto Belén -Secretaría General de la seccional de Avellaneda-.

El sindicalista habría utilizado a su aliado en el senado y tesorero de la UOM, Raúl Torres, para proponer el irregular traspaso a la empresa. El senador Torres y Belén fueron señalados como los encargados de cerrar el acuerdo de Pilisar con los cooperativistas, bajo promesa de “reactivar el aparato productivo, protegiendo asimismo a la Cooperativa”.

Además, Belén se habría ocupado de impulsar la iniciativa en los escalafones de poder, dirigiendo cartas a distintas autoridades pidiendo su apoyo al proyecto de expropiación para el Grupo Newsan, según revelan los documentos a los que accedió MyT.

En el primer modelo de convenio presentado entre las partes, que al momento de la sanción fue modificado, la empresa se comprometía al pago de un millón de pesos para compensar a los trabajadores, pero con la condición de que estos desocuparan la fábrica, muestran los documentos. Este punto del acuerdo luego fue removido del convenio oficial por motivos desconocidos.